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La Consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, pretende ignorar los dictámenes internacionales de ilegalidad del acuerdo con Marruecos para pescar en el Sáhara ocupado.

La Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (FANDAS-Sáhara), quiere expresar su rechazo a las pretensiones de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía sobre la renovación en 2011, de los acuerdos de pesca con Marruecos, para faenar en los caladeros saharianos.

Durante la III Feria Andaluza del Mar, celebrada en Isla Cristina, Huelva, la Concejera de Agricultura y pesca, la Sra. Clara Aguilera, manifestaba que renovar el acuerdo de pesca con Marruecos “… una de las prioridades del Gobierno Andaluz para el presente curso política”,. La Consejera, se propone ignorar deliberadamente el informe de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, que la Unión Europea (UE), hizo público en febrero de 2010, concluyendo en que las actividades de pesca de los barcos bajo bandera de la UE en el Sahara Occidental violan la legalidad internacional.

Ello en base a las denuncias del Pueblo Saharaui, en referencia a las consecuencias jurídicas del Acuerdo de Asociación Pesquera (AAP) entre la UE y el Reino de Marruecos, que contraviene el dictamen jurídico de la ONU (dictamen:Hans Corell, en 2002), sobre la explotación de recursos en los territorios ocupados del Sahara Occidental.

Por lo que desde FANDAS-Sahara, consideramos escandalosas, las pretensiones de la Sra. Aguilera. Consejera de la Junta de Andalucía, al hace apología de cometer delito internacional, contra los recursos del Pueblo Saharaui.

De acuerdo a la ONU, los recursos naturales del Sahara Occidental no pueden ser explotados sin tener en cuenta los deseos e intereses de los saharauis. Sin embargo, la UE está entregando el dinero de los contribuyentes al gobierno de Marruecos a cambio del acceso a las aguas del Sahara Occidental, sin siquiera consultar al pueblo afectado.

Ningún estado en el mundo ha reconocido la anexión del Sahara Occidental por parte de Marruecos. Aun así, la Junta de Andalucía pretende acuerdos con Marruecos para el expolio de los recursos naturales de los saharauis, dando dinero y carta de naturaleza al país ocupante. Lo que constituye un delito contra el derecho internacional, que a sabiendas cometen la Sra. Consejera y el Gobierno de la Junta de Andalucía.

Marruecos sigue negándose a cooperar en el proceso de descolonización del Sahara Occidental, desafiando más de 100 resoluciones de la ONU que reafirman el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Al mismo tiempo, las autoridades marroquíes cometen serias violaciones de los derechos humanos de aquellos saharauis que alzan su voz para manifestarse. Ni la ONU ni ningún estado de la UE reconocen la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental.

En este contexto, cualquier cooperación con Marruecos en la explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental es extremadamente inmoral y pone claramente en peligro los esfuerzos de la ONU por encontrar una solución pacífica del conflicto.

La Junta y su Consejera de Pesca, tiene la obligación legal y moral de no alterar el proceso de paz del Sahara Occidental iniciado por la ONU, respetando el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui sobre su tierra y sobre sus recursos; los fosfatos, la pesca e hidrocarburos.

Por último:
– Desde FANDAS-Sahara, exigimos a la UE cese en la concesión de licencias a barcos que pescan en aguas del Sahara Occidental.
– Al Gobierno de España y en especial a la Junta de Andalucía, que no se produzcan más actividades pesqueras en el Sahara Occidental hasta que se haya encontrado una solución pacífica al conflicto, y no pretenda justificar la pesca ilegal.

Finalmente, no se puede olvidar la dimensión exterior de la Política de Pesca Comunitaria (PPC), con una previsión de 4.304 millones para el periodo 2007-2013, al objeto de paliar la crisis del sector. En España, se calcula que el coste de la pesca para los presupuestos públicos es superior al valor total de las capturas. Dicho con otras palabras, prácticamente pagamos dos veces el pescado: una en la pescadería y otra a través de nuestros impuestos.

El gobierno de la Junta de Andalucía, está obligado a buscar políticas alternativas “legales”, a la crisis del sector pesquero andaluz, sin hacer uso del expolio de los recursos naturales de terceros países.

Andalucía, 21 de Septiembre de 2010

 

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