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El papel de España

La implicación de España en el desarrollo de este conflicto ha evolucionado desde el protagonismo absoluto, hasta el intento de eludir las responsabilidades adquiridas como antigua potencia colonial.

El Acuerdo Tripartito de Madrid, que repartía la colonia entre Marruecos y Mauritania, se firmó el 14 de noviembre de 1975, pocos días antes de la muerte de Franco. A lo largo de la transición, los partidos progresistas asumieron como propia la causa del pueblo saharaui. Reconocieron como su legítimo representante al Frente Polisario, promovieron la denuncia del Acuerdo de Madrid y recordaron a Marruecos que la cesión del territorio afectaba únicamente a la administración y no a la soberanía, la cual tendrían que decidirla los saharauis en un proceso de autodeterminación. 

La llegada del PSOE al poder en 1982, saludada por el Frente Polisario como una gran oportunidad para resolver un conflicto cada vez más enconado, derivó rápidamente en la decepción: se reanudó la venta de armas a Marruecos (bloqueada por el Gobierno de UCD) y, con motivo de un confuso incidente pesquero, se rompieron las relaciones con el Frente Polisario y se expulsó a sus delegados de España.

En la práctica, los años de Gobierno socialista contribuyeron a afianzar las posiciones marroquíes, tanto en política interior como exterior. Marruecos se ha convertido en uno de los principales beneficiarios de la Ayuda Oficial al Desarrollo concedida por la Administración española. En algunos casos, los créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo) se han destinado a subsidiar la exportación de armas a Marruecos. 

En cuanto a la postura del Partido Popular, tradicionalmente no alineado con la causa saharaui, defiende la nula responsabilidad española en el conflicto y el vago deseo de que las partes encuentren rápidamente vías de solución.

La política española hacia Marruecos en relación al conflicto está muy condicionada por sus intereses en los caladeros de pesca del banco sahariano (una de las zonas pesqueras más ricas del mundo) y por el contencioso de Ceuta y Melilla. El control de la pesca proporciona a Marruecos una importante baza para presionar a España. A cambio de las autorizaciones para pescar en aguas saharauis, el régimen marroquí obtiene de la Unión Europea notables contrapartidas, no sólo económicas, sino también de apoyo a sus posiciones políticas en la ONU y otros foros internacionales. En cuanto a Ceuta y Melilla, las autoridades marroquíes han dejado claro que un cambio de la postura oficial española en el asunto del Sáhara provocaría un fortalecimiento de la reivindicación de ambas ciudades, cuya principal consecuencia sería el aumento de la inestabilidad en la zona del estrecho.

Al margen de la postura oficial, una gran parte de la sociedad española, representada en parlamentos autónomos, ayuntamientos y, sobre todo, en ONG de amistad y solidaridad con el pueblo saharaui, respalda al Frente Polisario en su propósito de lograr un referéndum justo y limpio que dé paso a la independencia.

Periódicamente, diversas asociaciones e instituciones organizan caravanas de solidaridad con los campamentos de refugiados, vacaciones de verano para niños y campañas informativas que contribuyen a difundir el problema de una guerra inacabada, que dura ya más de veinte años.

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